El COVID-19 impacta de manera desproporcionada a los inmigrantes en Massachusetts

Cuando una familia de Cabo Verde en Boston fue diagnosticada con COVID-19, el virus significó más que un problema de salud. Necesitaban leche de fórmula para su recién nacido, pero no podían salir de la casa debido al período de aislamiento. Como inmigrantes nuevos, no tenían familiares o una red social en la zona para brindarles apoyo. Necesitaban ayuda si querían recuperarse y cuidar a su bebé para que este se mantuviera en buen estado de salud.

Éste es solo uno de los muchos casos en que el programa Massachusetts Community Tracing Collaborative (CTC) pudo intervenir con apoyo social para los inmigrantes; en este caso, conectando a la familia con la leche de fórmula y siguiendo su situación durante todo el período de cuarentena. El programa CTC, puesto en marcha en abril por el gobernador Charlie Baker, es una iniciativa de rastreo de contactos en todo el estado. Se hizo posible gracias a una alianza entre varios organismos estatales, juntas locales de salud y Partners In Health, que tiene décadas de experiencia en la respuesta a brotes de enfermedades infecciosas en todo el mundo.

«Es realmente de vital importancia que, cuando cualquier iniciativa de rastreo de contactos se pone en marcha, se piense en los grupos más vulnerables», dice Oscar Baez, coordinador de recursos de atención del CTC. «Ha quedado muy claro a nivel nacional que esta pandemia ha puesto al descubierto las desigualdades sistémicas preexistentes».

El COVID-19 ha acentuado las disparidades en materia de salud que son de larga data y tienen sus raíces en el racismo sistémico. Las comunidades negras, hispanas e indígenas de todo el país han sido afectadas por la infección de manera desproporcionada y han perdido la vida por el virus debido a factores de riesgo (como ser, una mayor carga de condiciones crónicas de salud o un acceso desigual a la asistencia sanitaria) causados por décadas de políticas racistas enhebradas en el tejido de la sociedad, desde la vivienda y el empleo hasta la educación y la salud.

Las áreas más afectadas son lugares donde viven no sólo de comunidades de color que siempre han sido marginadas, sino también comunidades de inmigrantes que se enfrentan a barreras sistémicas para acceder a la atención médica.

Basándose en el principio de que la atención sanitaria es un derecho humano, PIH y sus aliados de CTC acompañan a los inmigrantes mientras transitan por las realidades cotidianas de una pandemia que discrimina tanto como devasta.

«Una tormenta perfecta»

En Massachusetts, los datos reflejan una tendencia nacional; el COVID-19 impacta de manera desproporcionada a las comunidades de color. Los residentes hispanos representan el 12 por ciento de la población del estado, pero casi el 30 por ciento de los casos de COVID-19; de manera similar, los residentes negros constituyen alrededor del 9 por ciento de la población, pero el 14,4 por ciento de los casos de COVID-19.

«Incluso en un estado como Massachusetts y una ciudad como Boston, donde tenemos instituciones académicas y médicas de primer nivel, como un pujante centro de biotecnología, no hemos alcanzado la equidad en materia de salud en todas las razas y etnias», dice Baez. «Lo mismo sucede en todo Estados Unidos».

Las comunidades más afectadas de Massachusetts albergan grandes poblaciones de inmigrantes, como Chelsea, Lynn y Lawrence. Chelsea, una ciudad predominantemente hispana donde los inmigrantes constituyen casi la mitad de la población, tiene la tasa de positivos más alta del estado.

Antes del COVID-19, los inmigrantes de estas comunidades marginadas ya tenían que enfrentarse a una serie de barreras sistémicas en su vida cotidiana, como el trabajo mal pago, las barreras lingüísticas y, en el caso de los inmigrantes indocumentados, la amenaza permanente de ser deportados.

Cuando la pandemia se desató, estas condiciones sociales y económicas preexistentes crearon «una tormenta perfecta para la vulnerabilidad», explica Baez.

La gran mayoría de los inmigrantes en la fuerza laboral son trabajadores esenciales que no puede trabajar desde casa. Se enfrentan a un mayor riesgo no solo en el trabajo, donde a menudo carecen de un equipo de protección personal adecuado, sino también en el viaje diario, que normalmente implica el uso de transporte público.

Para quienes viven de quincena a quincena, carecen redes sociales con buenos recursos y no reciben o reciben pocos beneficios sociales, un diagnóstico de COVID-19, así como la cuarentena de 14 días, significan mucho más que un problema de salud.

«El virus en sí puede ser de vida o muerte», dice Báez. «Pero para muchas personas, la cuarentena y el aislamiento pueden ser de vida o muerte si no tienen otro tipo de apoyo social».

Cuando se les pide que entren en cuarentena, muchos inmigrantes enfrentan una elección difícil: si destinar el poco dinero que tienen a la renta o la comida. Para aquellos que comparten apartamentos hacinados con la familia extendida, debido a la pobreza, la cuarentena es casi un imposible.

El CTC se propone abordar estos desafíos con un apoyo social basado en la equidad. Los coordinadores de recursos de atención como Baez han puesto en contacto a las personas con recursos que van desde la asistencia para el alquiler hasta la entrega de comidas y productos de limpieza.

Hace poco, el Grupo de Trabajo de Inmigración del CTC  brindó apoyo a un inmigrante liberado después de haber estado detenido que dio positivo en la prueba de COVID-19. Lo ayudaron a encontrar una vivienda donde pudiera aislarse de manera segura, así como un seguro de salud y medicamentos recetados.

El CTC también ha conectado a los inmigrantes con apoyo de salud mental, ya que muchos han experimentado depresión, ansiedad y ataques de pánico después de su diagnóstico.

El equipo ayudó a una mujer indocumentada, sobreviviente de violencia doméstica y que había sufrido de pensamientos suicidas en el pasado, a ponerse en contacto con un especialista en salud mental de habla hispana.

Acompañamiento en la comunidad

Por muy devastador que haya sido COVID-19, muchos inmigrantes ya han pasado por dificultades que van desde ser desplazados de su país de origen debido a la violencia social y estructural hasta las políticas actuales y prácticas punitivas de inmigración en los Estados Unidos, en especial, los inmigrantes indocumentados provenientes de América Latina.

«Cuando hablamos de inmigrantes, tendemos a pensar en víctimas. Son sobrevivientes, no son víctimas», indica Humberto Reynoso, coordinador de recursos de atención. «Se enfrentan a dificultades tanto en su país de origen como en los Estados Unidos».

Con cada llamada, Reynoso busca ser alguien que los escuche y conectar a la gente con los recursos culturales correspondientes.

PIH aborda el rastreo de contactos como una forma de acompañamiento, similar a cómo los trabajadores sanitarios de las comunidades de todo el mundo apoyan a los pacientes que lo necesitan. Con ese fin, el CTC capacita a los rastreadores de contactos para que tengan las cuestiones de inmigración en cada interacción, en particular, las barreras jurídicas, lingüísticas, financieras y digitales.

El lenguaje ha sido una herramienta esencial para proporcionar ese acompañamiento. En casi el 40 por ciento de los hogares en Boston se habla un idioma distinto al inglés. En Chelsea, esa cifra salta al 70 por ciento.

El CTC trabaja con traductores y personal multilingüe para conversar con los inmigrantes en el idioma con el que se sienten más cómodos. Baez, quien habla varios idiomas, calcula que el 90 por ciento de sus llamadas telefónicas se realizan en un idioma distinto del inglés, en su mayoría son en español y portugués.

El CTC también se asocia con organizaciones locales que tienen vínculos profundos con las comunidades, para fomentar la confianza y encontrar soluciones pertinentes, como alimentos culturalmente apropiados en un banco de alimentos.

A muchos del equipo de CTC el trabajo los afecta personalmente.

Berlyn Olibrice, coordinadora de recursos de atención originaria de Haití, trabajó en varios casos en la comunidad haitiano-estadounidense del estado y ha visto a personas dudar en buscar ayuda debido al estigma que rodea al coronavirus.

«En mi papel trato de manejar eso con la gente y decirles que está bien buscar ayuda dentro de su propia comunidad», dice Olibrice, que habla criollo haitiano y español. «No vamos a juzgarte porque tengas este virus. Las organizaciones locales están ahí para ayudarte».

Baez también aporta experiencia de primera mano a su trabajo, ya que emigró a los Estados Unidos desde la República Dominicana cuando era niño. Una vez atendió una llamada que provenía de un edificio de viviendas públicas al frente de la calle donde creció. La persona que llamó había dado positivo en la prueba de COVID-19 en el mismo centro de salud comunitario en el que él se hacía exámenes de salud cuando era niño.

Construir confianza

Si bien la labor del CTC se extiende por todo el estado de Massachusetts, este ha centrado sus esfuerzos en los lugares donde el virus ha hecho más daño y donde es más urgente seguir la pista de la enfermedad y detener la propagación; estas zonas han incluido de manera desproporcionada a las comunidades de inmigrantes.

El rastreo de contactos es un proceso completamente confidencial, y la participación es voluntaria. Los rastreadores de contactos no preguntan sobre la situación migratoria. No se divulga ninguna información al público ni se comparte con otros organismos gubernamentales, incluida la policía. Sin embargo, la información errónea sobre el proceso ha generado inquietudes sobre la privacidad.

Estas inquietudes se agudizan sobre todo en las comunidades de inmigrantes, donde los inmigrantes indocumentados viven con la amenaza constante de ser deportados y aquellos que tienen tarjetas de residencia permanente temen perder el acceso a los beneficios públicos.

Como resultado, muchos inmigrantes son reacios a responder el teléfono cuando aparece un identificador de llamadas desconocido, mucho más a divulgar información personal como sus contactos.

Para abordar estas inquietudes, los rastreadores de contactos aseguran a los pacientes, a veces con la ayuda de un traductor, que toda la información es confidencial y que la situación migratoria no se compartirá con nadie.

El CTC también ha puesto en marcha campañas de sensibilización, creando folletos y recursos en línea en varios idiomas para educar al público sobre el rastreo de contactos y desmentir los mitos comunes. Además, el CTC se ha asociado con organizaciones comunitarias locales, centros de salud y ayuntamientos para organizar ayuntamientos virtuales en varios idiomas, incluido el español.

«La confianza es nuestro mayor activo en esta lucha», dice Baez. «Necesitamos mucha confianza, incluso en entornos donde abunda miedo, para superar esto juntos».